SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, ha valorado en 157.000 millones de euros (M€) las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años, que, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) marcados por Naciones Unidas comprometidos por España, servirán como palanca de reactivación de la economía, tras la actual crisis sanitaria. De esta manera, se incluyen 23.600 M€ más, con relación a la cifra presentada en marzo, para resolver las carencias en hospitales y ampliar la capacidad sanitaria, además de reducir las victimas por accidentes de tráfico, (ODS 3) y 32.435 M€ para conseguir energía asequible y no contaminante en el sector residencial y terciario (ODS 7).
En este sentido, respecto al ODS 3 “Salud y Bienestar”, la Asociación ha detectado una que hará falta invertir 21.400 M€ en 56.303 camas hospitalarias en España para incrementar la capacidad asistencial del 14,6% al 21,7% (media de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico). En este ODS se incluyen también las inversiones para reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico, que, según la Asociación Española de la Carretera (AEC) se concentran en un 78% en las vías convencionales, implicando un coste por daños personales de más de 10.000 M€/año. La necesidad de inversión en esta infraestructura se valora en 2.200 millones de euros.
En relación con el ODS 7, “Energía asequible y no contaminante”, la inversión está centrada en mejorar la eficiencia energética en el sector residencial y terciario a través de la inversión en infraestructuras para reducir el consumo de energía primaria (reducir 9.485,1 ktep en 2021-2030) y se desglosaría en 22.431 M€ en edificios existentes del sector residencial, 3.671 M€ en edificación del sector terciario y 6.333 M€ en grandes instalaciones de climatización.
Igualmente, y como se detalló en la rueda de prensa anual de SEOPAN del pasado mes de marzo, para llegar a cumplir el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas, hay que invertir 3.506 M€ en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión Europea (CE) desde 2018 representan 32,7 M€. Además, se necesitan 1.747 M€ en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos hídricos en materia de regulación y reutilización, y protección de los ecosistemas del agua.
Para alcanzar el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” deberemos invertir 2.898 M€ en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, 7.000 M€ en conservación de carreteras y 7.650 M€ en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística. Para el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, se deberán destinar 30.776 M€ en ampliar la infraestructura de transporte público, 27.034 M€ en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas, 6.000 M€ en crear infraestructura verde en el ámbito urbano, 6.521 M€ en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453 M€ en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de las vías interurbanas regionales. Por último, cumplir el ODS 15 que reclama luchar contra la desertificación, la sequía e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores catástrofes naturales requerirá invertir 2.910 M€ en infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía, y 938 M€ en prevención de inundaciones.
Estas inversiones, a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarán 144.870 M€ de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y un retorno fiscal de 77.159 M€.
El actual nivel de inversión pública, que se encuentra en niveles de mínimo histórico (equivalentes a los de 1980) no permite siquiera cubrir las inversiones de reposición del stock de capital público. Además, la coyuntura económico-financiera actual, con fuertes incrementos del déficit y deuda pública en 2020 y 2021, junto con las proyecciones de incremento de gasto público en prioridades sociales, no permitirá incrementar en un 70% la inversión pública presupuestaria actual que es lo que se necesitaría para llegar a estos objetivos. Por ello, resulta imprescindible recuperar el modelo concesional en la contratación pública, que no impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera la titularidad pública de la infraestructura.
Según Julián Núñez, presidente de SEOPAN, “El modelo concesional está en desuso desde 2012 y debemos plantearnos poner en valor los activos públicos que tenemos mediante la participación de los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de los países de la Unión Europea”.
