Las principales asociaciones del ámbito energético e industrial han advertido del fuerte incremento de los costes asociados a la operación del sistema eléctrico, un sobrecoste “invisible” que se está trasladando directamente a la factura de consumidores domésticos y empresas, afectando de forma creciente a la competitividad de la economía.

Durante los primeros veintitrés días de abril, estos costes adicionales han alcanzado los 23,58 €/MWh, acumulando más de 320 millones de euros en apenas tres semanas. En lo que va de 2026, la cifra asciende ya a 1.800 millones de euros.

Las entidades alertan de que, en numerosos periodos, estos costes han llegado a superar el precio mayorista de la electricidad, generando una señal económica distorsionada que encarece artificialmente el suministro eléctrico.

El incremento se ha visto intensificado por la aplicación de mecanismos extraordinarios como la denominada “operación reforzada”, cuyo uso se ha incrementado notablemente tras el apagón del 28 de abril. Esta situación está elevando de forma significativa los costes que soportan tanto hogares como empresas.

El impacto es especialmente crítico en el ámbito industrial, donde estos sobrecostes pueden suponer hasta un 25% del coste de fabricación, comprometiendo la competitividad de sectores clave.

Llamamiento urgente a la adopción de medidas

Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideran urgente la adopción de medidas que permitan corregir estas distorsiones y avanzar hacia un sistema eléctrico más eficiente, transparente y competitivo.

Entre las principales propuestas destacan:

• Refuerzo de la transparencia y supervisión: Intensificar el control sobre los costes de operación del sistema, especialmente los vinculados a la operación reforzada, y garantizar la publicación periódica y accesible de información detallada. Asimismo, se reclama un calendario claro para la eliminación de este mecanismo.
• Revisión del modelo de financiación: Analizar soluciones regulatorias que permitan una recuperación más estable de estos costes a través de mecanismos regulados, evitando impactos negativos sobre la industria y manteniendo la seguridad de suministro.
• Reforma fiscal energética: Consolidar un marco fiscal estable y coherente con los objetivos de descarbonización y competitividad, incluyendo la continuidad de la suspensión de determinados impuestos que encarecen la electricidad.
• Coherencia con los objetivos energéticos y económicos: Alinear las decisiones regulatorias y operativas con la reducción de costes, la transición energética y el refuerzo de la competitividad industrial.

Entidades firmantes:

• Alianza por la Competitividad de la Industria Española
• Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC)
• Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica (ACENEL)
• Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE)
• Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)
• Consumes