Por Dimas Vallina, director gerente de la Fundación Cema.
La Ley 22/2011 de Residuos, aprobada recientemente en España, aspira a transformar la Unión Europea en una “sociedad del reciclado” y contribuir a la lucha contra el cambio climático, potenciando la valorización de los residuos como un instrumento clave en este proceso. El sector cementero lleva años apostando por la valorización en sus instalaciones y contribuye así a mejorar la gestión de los residuos.
La mencionada Ley de Residuos y Suelos Contaminados transpone la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, derogando la antigua Ley 10/1998 y marcando un nuevo esquema legislativo que proporciona los instrumentos que permiten separar la relación entre crecimiento económico y la producción de residuos, insostenible a largo plazo.
Esta nueva ley introduce novedades importantes, como los conceptos de “subproducto” y “fin de la condición de residuo”, la creación de una Comisión de Coordinación en materia de residuos, el establecimiento de un calendario hasta 2018 de sustitución progresiva de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable o la concreción de las nuevas obligaciones legales a los productores y gestores de residuos.
La Ley de Residuos señala en su preámbulo una nueva jerarquía de gestión: prevención, preparación para la reutilización, reciclaje u otras formas de valorización, (incluida la valorización energética) y, por último, eliminación, Textualmente, la ley “aspira a transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a la lucha contra el cambio climático”. Toda una declaración de intenciones. Aunque la contribución de los residuos al cambio climático es pequeña, según añade el preámbulo, en relación con el resto de sectores existe “un potencial significativo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, asociado al sector de los residuos” (un 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país proceden de instalaciones de gestión de residuos).
En este sentido, el Ministerio Alemán de Medio Ambiente ha publicado recientemente un estudio que, bajo el título `Climate Protection Potential in the Waste Management Sector´, concluye que la desaparición progresiva de los vertederos en Europa sería fundamental para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo hasta un ahorro del 32% de las emisiones para el año 2020.
La Ley profundiza en la relación entre residuos y cambio climático. El artículo 7, por ejemplo, señala la necesaria relación entre las medidas que se adopten en materia de residuos para garantizar su coherencia con las estrategias de lucha contra el cambio climático. Esta idea se ve reforzada en el artículo 14 en el que, al hablar de los planes y programas de gestión de residuos, los relaciona con las medidas que “incidan de forma significativa en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Pero, sin duda, es en el artículo 16 de “medidas e instrumentos económicos”, donde se plantean acciones más concretas, permitiendo a las autoridades competentes establecer medidas económicas, financieras y fiscales para potenciar la prevención y el reciclado, y para que “el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero”. Con este objetivo, la nueva Ley de residuos señala que podrán establecerse cánones aplicables al vertido y a la incineración de residuos domésticos. Precisamente, en los países donde se han impuesto tasas disuasorias para el vertido de residuos, junto con otras medidas, se han logrado las mejores tasas europeas de reciclado y recuperación de residuos. El ejemplo Alemán es paradigmático en este sentido, únicamente un 0,5% de sus residuos terminan en vertedero frente al 52% de nuestro país y su porcentaje de residuos reciclados, el más alto de la UE, es del 48% frente al 15% español. El depósito de 1 tonelada de residuos en Alemania, tiene un coste medio superior a los 200 euros y en España, en torno a 20.
Las menciones a la lucha contra el cambio climático en la nueva Ley de Residuos, finalizan con la Disposición Adicional decimocuarta que apunta que, para el establecimiento de medidas económicas y fiscales para la prevención de residuos, y para incrementar la contribución del sector de los residuos a la lucha contra el cambio climático, se tendrán en cuenta las peculiaridades de las pequeñas y medianas empresas.
El sector cementero es sin duda ilustrativo en cuanto a la adecuada gestión de los residuos para lograr notables disminuciones de gases de efecto invernadero mediante la sustitución de una parte de los combustibles fósiles empleados tradicionalmente por el sector (coque de petróleo normalmente), por combustibles obtenidos a partir de residuos que no se pueden reutilizar ni reciclar.
Muchos de los residuos utilizados en las cementeras son totalmente biomasa (por ejemplo restos de madera, lodos depuradora, harinas cárnicas) o tienen un contenido parcial de biomasa (por ejemplo los neumáticos usados o los combustibles derivados de residuos urbanos). Este dato es muy significativo puesto que la utilización de combustibles con biomasa se considera neutra en cuando a sus emisiones de CO2.
De la energía empleada en los hornos de cemento en España en el año 2010, casi el 16% procedió de combustibles alternativos obtenidos de distintos residuos. Al utilizar estos combustibles, se consiguió un ahorro energético de 300 kilotoneladas equivalentes de petróleo, lo que representa el consumo energético anual de cerca de 430.000 hogares y un ahorro de CO2 de casi 490.00 toneladas.
El uso de residuos en plantas de cemento es, por tanto, un ejemplo concreto de ese objetivo que decíamos al principio, transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclaje y lograr que los residuos dejen de ser vistos como algo inservible destinado al abandono y condenado a emitir CO2 y otros gases contaminantes en los vertederos. Los residuos son, como queda probado por iniciativas legales como ésta, un valioso recurso energético.