El pasado 18 de enero, se celebró en Valencia una reunión entre representantes de los sindicatos CCOO Construcción y Servicios y UGT-FICA, Federación de Industria, Construcción y Agro, con directivos de los dos grupos cementeros que operan en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de analizar las consecuencias para la industria cementera y para el empleo asociado a la economía circular, derivadas del nuevo impuesto a la valorización energética de residuos, creado por Ley 21/2017, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

La reunión, organizada por la Fundación CEMA, contó con la asistencia, entre otros, de los dos secretarios generales de UGT-FICA y CCOO Construcción y Servicios en la Comunidad Valenciana, y de los directores de las tres fábricas de cemento que operan en Valencia.

A juicio tanto de los representantes de los trabajadores, como de las empresas cementeras, el establecer un mismo impuesto disuasorio a la valorización energética, equiparándola a la incineración o al depósito en vertedero, vulnera lo estipulado en la legislación estatal y comunitaria aplicable sobre residuos, donde se deja claro que la recuperación del valor energético del residuo es considerado una necesidad ambiental para avanzar en la economía circular que hemos de promover en la sociedad actual.

La valorización energética consiste en la sustitución parcial del combustible fósil habitual del sector, el coque de petróleo, por distintas tipologías de residuos no reciclables con recursos energéticos aprovechables. Se trata de una práctica avalada y potenciada por la Unión Europea que se lleva realizando con todas las garantías de salud ambiental, desde hace más de 20 años en España y 40 en Europa, siendo precisamente los países del norte de Europa donde más se emplea este método para aprovechar material y energéticamente los residuos no reciclables.

Aplicar un impuesto a la valorización energética, cuando todavía se envían a vertederos más de la mitad de los residuos municipales generados en la Comunidad Valenciana, llevará asociado, en opinión de la industria cementera Valenciana un incremento todavía mayor de los desechos que se entierran en vertederos, contraviniendo además lo señalado en la legislación europea al respecto.

Desde el sector cementero se alerta también sobre el peligroso “efecto frontera” que se podría generar y que haría que asistiéramos a una deslocalización de profesionales y empresas relacionadas con la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana, así como a la pérdida de competitividad de toda la cadena de valor de las empresas implicadas en la gestión de los residuos en esta Comunidad Autónoma.

Los asistentes a la reunión demandan que la administración valenciana reconozca la importancia de la valorización energética para hacer la transición hacia una “economía circular” en la Comunidad Valenciana conforme está exigiendo actualmente la Comisión Europea. A este respecto se ha solicitado una reunión al presidente de la Generalitat Valenciana, para trasladarle nuestra máxima preocupación por las negativas consecuencias que esta medida puede tener para el mantenimiento del empleo y de la competitividad de las tres fábricas de cemento y en el empleo de calidad asociado a esta actividad.