El pasado 6 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular e impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado. 

El objetivo final del PEMAR, al igual que el de la política comunitaria de residuos, es convertir a España en una sociedad eficiente en el uso de los recursos. Se trata, en definitiva, de sustituir una economía lineal basada en producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas.

Este Plan, que es el instrumento para orientar la política de residuos en España en los próximos seis años, promoverá las actuaciones que proporcionan un mejor resultado ambiental y que aseguren que España cumple con los objetivos legales de gestión de residuos.

El PEMAR aplica el principio de jerarquía establecido en la normativa comunitaria de residuos, para reducir la eliminación de residuos -fundamentalmente, a través del depósito en vertedero-, mediante el incremento de la preparación para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, incluida la valorización energética y para lograrlo apuesta por aumentar la recogida separada de residuos, especialmente en relación con la fracción de biorresiduos de los residuos municipales.

Entre sus objetivos, destaca por su relevancia el de reciclado de residuos domésticos y similares: en el año 2020 debe destinarse a preparación para la reutilización y reciclado el 50% de estos residuos. Además, en 2020, la valorización energética podría alcanzar hasta el 15% de los residuos municipales generados, mediante: la preparación de combustibles, el uso de residuos en instalaciones de incineración de residuos o en instalaciones de coincineración de residuos, limitándose la valorización energética a los rechazos procedentes de instalaciones de tratamiento y a materiales no reciclables.

Para desincentivar la eliminación de residuos, el PEMAR señala como esencial que el coste del vertido se ajuste al coste real de gestión incluyendo los costes diferidos en el tiempo relativos a la restauración ambiental y vigilancia a largo plazo al final de la vida útil del vertedero. Igualmente, ha de jugar un papel esencial en la reducción del vertido la implantación de impuestos que penalicen esta opción.

El sector cementero ofrece una solución sostenible para la gestión de los residuos a nivel nacional

El sector de fabricación de cemento es uno de los grandes recicladores de la economía desde hace décadas, usando en la fabricación de sus productos distintas tipologías de residuos (tanto en valorización material como energética) procedentes de todo tipo de actividades industriales. Además, el hormigón es extremadamente duradero y también puede ser 100% reciclado al final de su vida útil.

De los 28,8 millones de toneladas de materias primas que se consumieron en el año 2014 para fabricar cemento, 1,5 millones procedían de residuos o subproductos industriales, con lo que se dejó de llevar a vertedero una cantidad de residuos equivalente a cerca de 23 estadios de fútbol llenos de residuos, y se evitó además la explotación de recursos naturales equivalente a más de 1,6 años de operación de una cantera tipo.

La industria cementera utilizó en 2014 más de 726.000 toneladas de combustibles recuperados, cantidad que equivale a  347.000 toneladas de petróleo, más de un 23% de la energía consumida por los hornos de clínker. El ahorro realizado en combustibles fósiles tradicionales equivale al consumo energético anual de 500.000 hogares.

Este potencial hace que el sector cementero español sea clave a la hora de contribuir tanto a la mitigación del cambio climático, como al cumplimiento de los objetivos de energías renovables y de la estrategia marco de la UE sobre residuos, evitando el vertido y fomentando el reciclaje de residuos.

Junto a los beneficios ambientales del Plan (protección de la salud humana, de los recursos naturales y el clima), esta iniciativa aporta además beneficios sociales y económicos asociados a la mayor actividad económica relacionada con los residuos, al incremento de la disponibilidad de materias primas en condiciones seguras y a la creación de empleo derivada del fomento de la preparación para la reutilización y del reciclado.

Según las estimaciones de la Comisión Europea, si se aplica toda la normativa vigente en materia de residuos se crearían  más  de  400.000  empleos  en  la  Unión  Europea, de los cuales 52.000 se localizarían en España.