La Confederación de Empresarios de Málaga ha organizado una jornada con empresas locales y grupos de interés para debatir sobre la Agenda de la Responsabilidad Social Empresarial post2015. Durante el acto, organizado en la sede de los empresarios, Corresponsables, ha presentado también el Observatorio de Comunicación Corresponsable – ObservaRSE- que tiene como objetivo analizar cómo afrontar la divulgación estratégica de la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en las organizaciones.

Elena Moreno, jefa del área de Desarrollo Sostenible de FYM Italcementi Group ha participado en una mesa redonda junto con Sonia Santos, responsable de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión de Grupo Peñarroya. En el transcurso de la intervención ambas empresas han podido dar a conocer su contribución a los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), que inciden en las preocupaciones ambientales y el crecimiento económico, y que junto a la Conferencia de París sobre Cambio Climático constituye uno de los importantes avances en RSE que se han producido en 2015.

En este sentido, Elena Moreno ha destacado que los edificios son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de CO2 a la atmósfera en la UE. Por este motivo objetivos como el ODS 9, 'Construcción de infraestructuras resilientes, promoción de una industrialización inclusiva y sostenible y fomento de la innovación' o el ODS 11: 'Construcción de ciudades inclusivas, resilientes, seguras y sostenibles', plantean retos concretos de aplicación en el sector cementero.

En la actualidad, la industria del cemento dispone de soluciones constructivas innovadoras para hacer frente a estos retos y contribuir al objetivo horizonte de 'consumo energético casi nulo' para los edificios de nueva construcción a partir de 2018.

Desde el punto de vista medioambiental, y de seguridad y salud, las fábricas de cemento están sometidas a una escrupulosa vigilancia por parte de la legislación comunitaria (en muchos aspectos la más exigente del mundo), estatal, autonómica y local. En este contexto, es interesante seguir avanzando en la configuración de un marco administrativo que garantice pautas homogéneas de actuación. Y velar, desde el punto de vista legislativo, para que el incremento de los requisitos sociales y ambientales (no solo en la fabricación sino también en el proceso de utilización del producto) redunde en mejoras para el sector como, por ejemplo, la inclusión en los pliegos de compra y contratación pública responsable.