El director general de La Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Luis Rodulfo, ha vuelto a poner sobre la mesa, esta vez en la Comisión de Industria del Congreso, la necesidad de fijar en 60 días el plazo máximo de pago, fijando el comienzo del cómputo en el momento en el que se entrega la mercancía. En este sentido, Rodulfo ha señalado: “lo advertimos ya en el año 2002 cuando pusimos de manifiesto que la morosidad y los excesivos alargamientos en los plazos de pago son la lacra que más empleo está destruyendo en España y que más PIB estructural está eliminando”.
Otras propuestas que Cepco ha presentado en el Congreso han sido: declarar nula cualquier cláusula de contrato por la que se renuncie a derechos incorporados en la Ley contra la Morosidad; elaborar un informe anual obligatorio de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los sectores más críticos, como los de construcción y alimentación; obligar a que los auditores reflejen en sus auditorías notas sobre el cumplimiento de la Ley contra la Morosidad; crear una Comisión de seguimiento del cumplimiento y eficacia de la Ley y desactivar el apagón estadístico sobre plazos de pago en construcción; fortalecer la figura de los códigos de buenas prácticas y posibles contratos tipos, siempre en cumplimiento de la Ley en Defensa de la Competencia; garantizar la confidencialidad de las empresas que denuncien a sus clientes por abusos de posición en el mercado en plazos de pago; activar un proceso rápido y eficaz de reclamación y de cobro de las deudas más intereses o analizar las responsabilidades personales de quien libre efectos de pago sin fondos.
El representante de Cepco ha señalado en su intervención que en estos momentos los plazos medios de pago a los suministradores de la construcción se encuentran en el en torno de los 240 días, “lo que representa 2/3 de la producción anual, o lo que es lo mismo, 35.000 millones de euros. Esto es el equivalente a toda la deuda de las administraciones locales de España”.
Por otro lado, Rodulfo ha asegurado que actualmente la cobertura de riesgo comercial está reducida a la mínima expresión y el 90% de los créditos ICO denegados lo fueron a empresas vinculadas al sector construcción. Esta coyuntura, unida al parón de la edificación ha provocado que el año pasado se destruyeran 100.000 empleos del sector auxiliar y que se cerraran el 10% de las empresas de esta industria.