La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, Cepco, ha reclamado al Gobierno que aumente a 10.000 millones de euros la inversión del nuevo Plan E para 2010. En el marco del Encuentro Nacional del Sector de la Construcción que se ha celebrado en Madrid, el presidente de la Confederación, Rafael Fernández, explicó que la inversión actual prevista, 5.000 millones de euros, es insuficiente para paliar los efectos de la crisis económica actual. Según indicó en este encuentro, al que acudieron el ministro de Fomento, José Blanco y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, así como los representantes de las primeras constructoras y patronales, esta cifra “sólo representa el 0,5% de PIB nacional”.
Fernández explicó que sólo la paralización de la vivienda residencial, que ha pasado de las 700.000 viviendas del año 2007 a las 150.000 previstas para este ejercicio, supondrá la reducción del 4% de la aportación de este sector al PIB, por lo que para compensar estas pérdidas, “el Gobierno debería aumentar la dotación prevista al menos a 10.000 millones de euros y dedicar un tercio de sus presupuestos de inversión entre 2009 y 2011 a infraestructuras productivas sociales, tales como hospitales y centros de salud, centros de enseñanza, parques tecnológicos, así como en la adaptación de las antiguas infraestructuras para conseguir una mayor eficiencia energética”.
Durante todo este periodo de crisis se ha intensificado una práctica que la industria auxiliar de la construcción lleva padeciendo en las últimas dos décadas y que consiste en alargar de manera excesiva los plazos de pago a los suministradores. Actualmente, este plazo se sitúa en más de 220 días lo que pone a este sector en una situación insostenible. Tanto es así que en lo que llevamos de año, entre la crisis del sector y la morosidad a la que se ven expuestas las empresas proveedoras de materiales han desaparecido 500 de las 5.000 primeras empresas por volumen de facturación de la industria auxiliar. El sector aglutina a un total de 25.000 empresas. Asimismo, se ha destruido el 20% de la plantilla, constituida por unos 500.000 trabajadores. Hay que destacar que una de las características de esta industria es la estabilidad en el empleo.
Rafael Fernández indicó que “mientras trabajamos por acortar los periodos de pago es necesario arbitrar, a través del ICO, sistemas que den tesorería al circulante de nuestras empresas». Según el presidente de CEPCO, “una factura de suministro de materiales o servicios a una obra licitada por una Administración no debería tener dificultades para su descuento, confirming o su póliza de crédito y caución». La iniciativa recogida por la Administración vasca en sus pliegos de condiciones generales puede ser una vía. Desde CEPCO solicitan que el aval del Estado sea suficiente para ejecutar el descuento.
Entre las iniciativas para acortar los plazos de pago, hay que destacar la proposición de ley de CIU, que apunta a un plazo de pago de 60 días, que comenzará a debatirse en el Congreso el próximo mes de septiembre.