La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) alerta que la subasta 2018 del servicio de interrumpibilidad eléctrica, donde se realizaron menores compras públicas, pone en riesgo la producción de cemento en nuestro país y, especialmente, su liderazgo exportador.

En la subasta realizada el pasado mes de diciembre, Red Eléctrica de España (REE) asignó un total de 8 bloques de 90 megavatios (MW) y de 376 bloques de 5 MW. La potencia interrumpible para el periodo del 1 de enero al 31 de mayo del 2018 ascendió a un total de 2.600 MW, lo que se traduce en una reducción de un 13%, dejando sin asignar respecto a años anteriores más de 400 MW, “con el impacto que esto puede llegar a suponer para la producción industrial de nuestro país”, explica el presidente de Oficemen, Jesús Ortiz.

“La industria cementera española cuenta, de entrada, con uno de los costes eléctricos más caros de Europa, lo que hace inasumible mantener la producción actual si se reduce la retribución por interrumpibilidad. Esta situación hace además inviable para el sector cementero alcanzar los objetivos marcados en el Plan de Reindustrialización de la Unión Europea y hace peligrar la capacidad de nuestro país de participar en esta política de reindustrialización”, afirma Ortiz.

El precio final de la electricidad para un consumidor industrial español es, en la actualidad, uno de los más elevados de Europa, por encima del de otros países de la Unión Europea con los que compite como Alemania, Francia, Finlandia, Portugal o Suecia, entre otros. Esta situación ha provocado una pérdida de competitividad en el conjunto de la industria española que en el caso del sector cementero se agrava por la práctica desaparición del mercado interno sufrida en la última década.

“La electricidad se está convirtiendo en España, cada vez más, en un lujo al alcance de pocos industriales y en nuestro sector, además, nos deja al borde del abismo en los mercados internacionales que nos habían permitido preservar el empleo en nuestras fábricas en estos años de crisis”, añade Ortiz. “Como factor agravante, seguimos sin contar con la aprobación de las ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la utilización de renovables, tal y como ocurre en países de nuestro entorno; lo que supone más lastre a nuestra ya muy mermada competitividad”, concluye.