El anuncio de la Comisión Europea de que a partir del 2013 se podría imponer un sistema de subasta para la obtención de derechos de emisión ha hecho reaccionar a la industria española que augura que la medida tendrá un impacto inasumible sobre la competitividad de las compañías europeas. Así se pronunciaban varios representantes de patronales españolas en una noticia publicada en el diario Expansión el pasado 1 de febrero.

La propuesta ha generado un fuerte descontento entre las grandes industrias, sobre todo, entre sectores como el cementero, siderúrgico y papelero, ya que otros como el eléctrico no se verán tan afectados por la medida. El sector eléctrico cuenta con un mercado más cautivo, en el que el consumidor final no tiene otras opciones para elegir por lo que podrá asumir los costes adicionales provocados por la subasta mediante una repercusión en los precios. Por otro lado, aumentará el perjuicio sobre la competitividad de otras industrias que deberán pagar más por la energía.

El director de Medio Ambiente de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Santiago Oliver, valoró esta medida como “básicamente un impuesto”. Por otra parte, el director de Medio Ambiente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Pedro Mora, aseguró que “con los sobrecostes generados, un cemento más barato, pero menos eficiente desde el punto de vista de las emisiones, como el de China, será el que más se venderá en Europa”. De esta forma, cada vez más empresas tendrán que optar por la deslocalización, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

Este nuevo sistema de subasta supondrá la supresión de los actuales Planes Nacionales de Asignación (PNA), que establecen los límites de emisiones en cada Estado miembro. En la actualidad, estos derechos se asignan a las compañías de forma gratuita, aunque para el periodo entre 2008 y 2012 está permitido vender por subasta hasta un 10% de los derechos asignados. Una de las novedades del paquete de medidas propuesto por la UE, es que, además de tener que pujar por los derechos, éstos se irán recortando para alcanzar el 21% de reducción a la industria que está previsto para 2020, respecto a niveles de 2005, y sólo un 10% a los difusos.